Prohíbe Secretaria de Salud la venta de 10 productos «milagro» en Sonora

PH – En un máximo de 15 días hábiles alrededor de 10 productos «milagro» por disposición federal, se retirarán de los establecimientos en Sonora, informó José Salvador Valenzuela Guerra.

Los productos prohibidos para su venta, distribución y consumo, por parte de la Cofrepis son Malunggay, Chardón de Marie, Rejuvital, Cold Heat Extreme, Purifhigado, Moinsage, Skinny Shot, Puassance, P-SO Exacto y Charakani Hongo Michoacano.

Será hasta el próximo 10 de marzo cuando venza el plazo para que los expendedores de estos productos los saquen del mercado.

Valenzuela Guerra detalló que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, estableció esta orden a nivel nacional y recientemente dio la indicación a los estados.

Esto debido a que los productos no cumplen con las políticas sanitarias establecidas por la dependencia, ya que se ha comprobado que causan reacciones secundarias en la salud de las personas o no cumplen con las reglas de registro ante la dependencia federal.

Además, señaló, algunos tampoco acatan los requerimientos de publicidad que establecen como es el hablar en términos reales y comprobando científicamente los atributos del producto, convirtiéndolos, según sus anuncios, en los ya famosos “Productos Milagro”.

“La principal línea de Cofepris es que si te dicen que cura todo, es que en realidad no cura nada; además la dependencia pide a la gente que no espere milagros, ya que solo con su esfuerzo obtendrán lo que quieren”, aseguró el titular de Protección contra Riesgos Sanitarios en el Estado.

Algunos productos como Cold Heat Extreme, anunciado como “mágico” para bajar de peso y reducir medidas, puede provocar efectos adversos como enrojecimiento de la piel, picazón e hinchazón; mientras que se ha demostrado que el Chardón de Marie, puede provocar náuseas, vómito, dolor abdominal, mareo y urticaria, entre otros.

De incumplir con la indicación de retirarlos del mercado, se iniciará un procedimiento jurídico que conlleva una penalización de hasta 10 mil salarios mínimos.