El PRI no ganó espectacularmente como muchos esperaban. Las izquierdas no perdieron como era la tendencia general desde 2006. El PAN, en cambio, sí perdió mucho, empezando por su desdibujamiento ideológico.
Sin embargo, las izquierdas no saben ganar y les fascina reproducir la cultura de la derrota y echar por la borda el poder legítimamente adquirido en las urnas. Eso es lo que se observa ahora con la actitud poco racional para echar a sus seguidores a las calles y a insultar despiadadamente al ciudadano que no votó por ellos.
Por eso, sugiero que en un acto de congruencia con ese dicho de Andrés Manuel López Obrador, tengan a bien considerar que ningún legislador federal del Movimiento Progresista electo en esta elección ni en donde hayan ganado sus gubernaturas y alcaldías, asuman el cargo por “ilegítimos”, “inmorales” y “productos de una elección fraudulenta”.
Para argumentar esta propuesta, recupero a uno de los ideólogos históricos del PRD y más reconocidos académicos de la UNAM, Adolfo Gilly, quien el 8 de julio de 2006, muy lúcido, en el izquierdista diario La Jornada escribió una sugerente idea: la crisis constitucional. Así lo apuntó entonces y hoy cobra gran validez:
En tal caso, y con las indispensables pruebas de la manipulación o del fraude que denuncian, el PRD y sus aliados pueden impugnar toda la elección por la vía de los hechos jurídicos: si la votación presidencial ha sido manipulada y sus cifras son falsas, las de todas las otras elecciones concomitantes (seis papeletas en total) también lo son.
En consecuencia, tienen el recurso y el derecho legales de no tomar posesión de sus cargos (senadores, diputados, jefe de Gobierno, jefes delegacionales, asambleístas) hasta que un conteo imparcial conceda credibilidad y legitimidad a la elección de presidente. Y a ver cómo le hacen para gobernar si quienes fueron elegidos por esa marea electoral no aceptan someterse a las manipulaciones y las trampas.
Es un recurso extremo, legal, inatacable y no violento. Se llama crisis constitucional, que es precisamente el punto en el cual estamos.
Por eso, pienso, el candidato del PRD para la ciudad de México tendría que haber declarado en suspenso la aceptación de su constancia como jefe de Gobierno de esta ciudad hasta que se dilucide la elección presidencial. El festejo realizado sin atender a lo que está ocurriendo con esta elección me parece impropio. Y lo mismo digo para otros cargos electivos resultantes de estos comicios.
Para que el pueblo sienta que puede movilizarse a fondo en defensa de su voto, de sus derechos ciudadanos y de sus candidatos, tiene que ver que éstos están convencidos, se empeñan en la lucha con el mismo vigor y, de verdad, se la juegan con ese pueblo que los votó.
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