Convocatoria
Jornadas contra la violencia y la impunidad
Los niveles de violencia en diferentes regiones del país han llegado a grados insostenibles. La estrategia de combate a la delincuencia organizada que emprendió el Ejecutivo federal desde 2006 ha dejado hasta el momento casi 30 mil muertos. Muchos de ellos son niños y niñas, mujeres, familias, personas migrantes, civiles inocentes, periodistas, así como miembros de los cuerpos de seguridad, como la policía y el Ejército. Y cada vez, las masacres, las balaceras y las explosiones en lugares públicos, dibujan un cuadro de tragedia que cruza el país.
El miedo reina en ciudades como Monterrey, Reynosa, Ciudad Juárez y Tijuana. La desesperanza se extiende en Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco y Morelos.
Por otra parte, tragedias como el incendio de la Guardería ABC, en Sonora, han quedado impunes, y los responsables de corrupción y negligencia criminal siguen en libertad.
¿Debemos acostumbrarnos a eso? ¿Cuántos muertos más tendremos que llorar antes de decir Ya Basta?
Si bien los asesinatos, las extorsiones y los secuestros son producidos por organizaciones criminales, la estrategia del gobierno federal para enfrentarlas no ha probado ser efectiva. No ha considerado el componente social del que se alimenta el crimen organizado, y peor aún, tampoco ha garantizado que las fuerzas armadas procedan con respeto a los derechos humanos de la población en general.
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