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DECLARACIí?N / Rechaza haber recibido dinero de la campaña del presidente

Washington (Notimex).- El empresario chino Zhenli Ye Gon aclaró aquí­ que en ningún momento hizo la acusación de que los 150 millones de dólares que dice haber recibido, procedí­an de la campaña del presidente Felipe Calderón en las elecciones pasadas. Ye Gon, quien dijo encontrarse en territorio estadounidense, reiteró no obstante que el dinero provino de una persona a quien identificó repetidamente como «Javier Alarcón», aunque no dejó del todo claro si se trata del secretario mexicano del Trabajo.

Declaraciones

Aunque se le decomisaron 205 millones de dólares en una casa de Las Lomas en marzo recién pasado, Ye Gon señaló que 150 millones de dólares le fueron dados para guardarlos, y los restantes (55 millones) eran de su propiedad. «Nunca dije (que) este dinero son (sic) procedentes de Felipe Calderón, nunca dije este dinero es para la campaña», dijo Ye Gon hablando por teléfono en una larga rueda de prensa realizada por su equipo legal estadounidense en el Club Nacional de Prensa. Ye Gon dijo que existen fotografí­as de una reunión que sostuvo con «Javier Alarcón» la primera semana de mayo, celebrada primero en su negocio y después en casa. El secretario mexicano del Trabajo ha negado cualquier conexión con el empresario chino. «De mi negocio y de mi casa de los dos lados (tengo fotos). Ahorita el gobierno mexicano tiene toda la evidencia. Yo guardé una parte, pero ahorita yo no puedo enseñar dónde, porque hay un amigo conmigo, también yo creo que él sí­ tiene», dijo en un español entrecortado.

Conferencia

Su aparición en larga distancia formó parte de una prolongada rueda prensa de tres horas de duración. Estuvieron presentes fí­sicamente sus abogados Martin McMahon y Ning Ye. Después de largas presentaciones iniciales, donde no se presentaron ni ví­deos o fotos, a pesar de una gigantesca pantalla de proyección, el empresario se comunicó telefónicamente y respondió preguntas de los periodistas â??en inglés y español- por altoparlante. Sus abogados indicaron que su cliente ha sido objeto de al menos dos atentados contra su vida, por lo que decidieron grabar todos sus «secretos» en cintas de audio y video, que serí­an dadas a conocer en caso de una muerte súbita. Su abogado Martin McMahon reiteró al inicio de la prolongada rueda de prensa, de tres horas de duración, que los 150 millones de dólares recibidos por su cliente para su custodia «fueron sacados de las campañas polí­ticas». Sin embargo cuando se le inquirió sobre las evidencias para sustentar el alegato, McMahon reconoció que «no tení­an prueba de los

150 millones de dólares», como tampoco imágenes de los portafolios con el dinero en efectivo entrando a la casa. McMahon sostuvo no obstante la existencia de videos de vigilancia que según él están en poder del gobierno mexicano.

Caso Lozano

Aunque tampoco aclaró la confusión sobre la identidad de «Javier Alarcón», McMahon dijo que le gustarí­a ser demandado por el bufete contratado por el secretario mexicano del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, porque eso les permitirí­a pedirle declaraciones juradas. El bufete jurí­dico Kornstein, Veisz Wexler & Pollard, contratado por Lozano Alarcón en Nueva York, envió al bufete de McMahon una carta el 12 de julio en la que pide se retracte de las acusaciones «falsas y difamatorias» contra Lozano Alarcón. La misiva, divulgada por McMahon, señala que si no se desisten para el 18 de julio, Lozano Alarcón estará en libertad de proteger sus intereses, incluida una posible litigación «vigorosa». En su oportunidad, Ye Gon dijo estar dispuesto a testificar ante el Congreso estadounidense en el sentido de que sus operaciones empresariales eran legí­timos, pero rechazó la posibilidad de entregarse al gobierno estadounidense.

Papel de EU.

Hasta el momento las agencias federales estadounidenses no han mostrado interés en entrevistar al empresario chino, según reconoció el propio McMahon. El abogado dijo que ello puede obedecer a que el gobierno estadounidense no quiere «avergonzar» al mexicano. Sus abogados dijeron que el gobierno mexicano «fabricó» la evidencia para mostrar que la sustancia decomisada era Pseudoefedrina, cuando en realidad era una sustancia permitida y legal denominada Acetetamine, con la misma composición pero diferente peso molecular.