Tras estallar el escándalo, la cantante mexicana denunció que había sido violada en la cárcel por un agente policial, pero en ese entonces decidió ocultar el nombre, según el abogado, por causa de estas amenazas.

Por otro lado, el mando policial se benefició del fallo de un juez de Brasilia que prohibió a los medios de comunicación la divulgación de su nombre como sospechoso de haber mantenido relaciones sexuales con Trevi.

El misterio se rompió el pasado 26 de marzo, cuando a pedido del juez que instruye el caso Trevi en el Supremo Tribunal Federal (STF), Nery de Oliveira, la cantante confirmó el nombre de Francisco Moura Velho como autor de esas tres relaciones sexuales no consentidas.

Ahora, dijo el abogado Magela, corresponde al tribunal del STF que investiga la paternidad de Angel Gabriel, el hijo de la cantante que nació en febrero, "llamar a declarar al policía para que responda a la acusación realizada por mi cliente".

Sin embargo, el abogado dijo, que este nuevo dato no interfiere en el proceso de extradición solicitado por las autoridades mexicanas contra la cantante, el empresario Sergio Andrade y la corista María Raquenel, presos en Brasil desde febrero de 2000.

La investigación sobre si Andrade es el padre del hijo de Trevi, para lo que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso pidió se efectúe una segunda prueba de ADN a la placenta de la cantante, "pasa a un segundo plano ante la gravedad del abuso del policía".

"Ayudará a destapar un crimen cometido por un policía que, en vez de garantizar la seguridad de la cantante en una cárcel de la PF, abusó de su autoridad y llegó a esposarla en una de las ocasiones para violarla", declaró.

En cuanto al proceso de extradición, el abogado dijo que confía en que el Supremo Tribunal Federal no responda de manera afirmativa y acepte la demanda que interpusieron los abogados por irregularidades en la solicitud.

"Espero que cuando esto ocurra, los tres mexicanos sean liberados y puedan vivir en libertad en Brasil", declaró.

Trevi, Andrade y Portillo son requeridos en extradición por la justicia del estado mexicano de Chihuahua para que respondan por los delitos de violación, secuestro y maltrato de menores.